La Administración Pública española debe acelerar la inversión en depuración
Hace tiempo que AQUA ESPAÑA, junto con la patronal de los gestores de agua urbana de España, viene advirtiendo de la lentitud de la Administración Pública española en la inversión de proyectos de depuración, y los costes que ello supone, no ya en términos medioambientales o de pérdida de oportunidades de negocio, sino directamente en sanciones de la Comisión Europea por incumplimiento de la legislación comunitaria.
Nuevamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia condenatoria contra el Reino de España por el incumplimiento sistemático de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Aunque todavía no se imponen sanciones económicas en esta fase, abre la puerta a la imposición de multas coercitivas millonarias. España es, históricamente, uno de los países de la UE que más sanciones ha acumulado por la gestión del ciclo del agua, habiendo pagado ya decenas de millones de euros en multas previas.
Esperamos que esta nueva advertencia sirva para que la Administración Pública española aumente las licitaciones en proyectos de depuración, que el sector privado español está perfectamente capacitado para atender.
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