La CE envía a España al TJUE por incumplir la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas
Con fecha 29 de abril 2026 la CE ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir plenamente con las obligaciones establecidas en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE).
Esta normativa europea tiene como objetivo proteger la salud pública y el medio ambiente, exigiendo que las aguas residuales urbanas sean recogidas, tratadas y controladas adecuadamente antes de ser vertidas al entorno natural.
La Comisión recuerda que las aguas residuales sin tratar contaminan ríos, lagos, aguas costeras y subterráneas, además de representar un riesgo sanitario. Por ello, la Directiva obliga a todos los Estados miembros a disponer de sistemas de recogida y depuración en las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes.
Según la Comisión, España sigue presentando importantes incumplimientos. En 15 aglomeraciones urbanas todavía no se garantiza la existencia de sistemas adecuados de recogida de aguas residuales o soluciones equivalentes con el mismo nivel de protección ambiental. En otras 39 aglomeraciones no se asegura correctamente el tratamiento secundario de todas las aguas residuales, es decir, el tratamiento biológico básico necesario antes del vertido.
Además, en 8 aglomeraciones España no aplica adecuadamente el tratamiento terciario, obligatorio en zonas sensibles a la eutrofización. Este tratamiento avanzado elimina nutrientes como nitrógeno y fósforo, que favorecen la proliferación excesiva de algas y deterioran la calidad del agua.
La Comisión también señala deficiencias en el control y seguimiento de los vertidos: en 52 aglomeraciones no se realiza una monitorización adecuada de las descargas procedentes de las estaciones depuradoras para verificar el cumplimiento de los límites exigidos.
El procedimiento de infracción contra España comenzó en octubre de 2017 con una carta de emplazamiento y continuó en noviembre de 2019 con un dictamen motivado. A juicio de la Comisión, las medidas adoptadas por las autoridades españolas hasta la fecha han sido insuficientes, motivo por el cual se ha decidido elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión recuerda que esta Directiva es clave para la resiliencia hídrica europea y para garantizar una adecuada protección ambiental en el contexto actual de presión sobre los recursos hídricos.
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