Las autoridades comunitarias avanzan en la nueva Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas

Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado esta semana un acuerdo político provisional sobre una propuesta para revisar la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.
El objetivo de ello es actualizar la directiva ampliando su alcance y alineándola con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Así, ampliaron el ámbito de aplicación de la directiva para incluir todas las aglomeraciones de 1.000 equivalentes de población (pe) o más, frente a los 2.000 pe de la directiva actual. 

Igualmente, el texto fija plazos para que los Estados miembros establezcan un plan integrado de gestión de aguas residuales urbanas que abarque aglomeraciones de más de 100.000 pe para 2033 y aglomeraciones en riesgo de entre 10.000 y 100.000 pe para 2039. Dichos planes de gestión integrada se revisarán al menos cada seis años, en consonancia con la Directiva Marco del Agua.

También se amplía la obligación de aplicar un tratamiento secundario a las aguas residuales urbanas antes de su vertido al medio ambiente a todas las aglomeraciones de 1.000 pe o más de aquí a 2035. Y armonizaron los umbrales y los plazos para el tratamiento terciario y el tratamiento cuaternario.

Para 2039 y 2045 respectivamente, los Estados miembros tendrán que garantizar la aplicación del tratamiento terciario y cuaternario en plantas más grandes de 150.000 hab y más, con objetivos intermedios en 2033 y 2036 para el tratamiento terciario y en 2033 y 2039 para el tratamiento cuaternario

Para cubrir los costes adicionales que implica el tratamiento cuaternario y de conformidad con el principio de "quien contamina paga", los productores de productos farmacéuticos y cosméticos que provocan la contaminación de las aguas residuales urbanas por microcontaminantes tendrían que contribuir con un mínimo del 80 % de los costes de este tratamiento adicional, a través de un plan de responsabilidad ampliada del productor (REP).

El acuerdo provisional se presentará ahora a los representantes de los Estados miembros en el Consejo (Coreper) y a la comisión de medio ambiente del Parlamento para su aprobación. Si se aprueba, el texto deberá ser adoptado formalmente por ambas instituciones, previa revisión por parte de juristas lingüistas, antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor.

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