Empiezan las aportaciones a la trasposición de la directiva TARU
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto la consulta pública previa del anteproyecto de ley que permitirá incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (TARU). El plazo para presentar aportaciones permanecerá abierto hasta el 26 de junio de 2026.
La futura norma supondrá una profunda actualización del marco regulatorio español en materia de saneamiento y depuración, sustituyendo la legislación vigente desde hace más de tres décadas. Con ello, España adaptará su normativa a las nuevas exigencias europeas en ámbitos como la calidad del agua, la eliminación de contaminantes, la eficiencia energética, la economía circular y la protección de la salud pública.
Entre las principales novedades de la Directiva destacan la ampliación de las obligaciones de tratamiento a aglomeraciones urbanas más pequeñas, el refuerzo de los requisitos para la eliminación de nutrientes y microcontaminantes, la promoción de la reutilización del agua y la recuperación de recursos, así como el objetivo de avanzar hacia la neutralidad energética de las instalaciones de depuración antes de 2045.
La nueva regulación también incorpora el principio de responsabilidad ampliada del productor para determinados contaminantes, especialmente los procedentes de productos farmacéuticos y cosméticos, y refuerza las obligaciones de vigilancia, transparencia y control de los sistemas de saneamiento y depuración.
Mediante esta consulta pública, el MITECO busca recabar la opinión de los agentes potencialmente afectados sobre los problemas que pretende resolver la nueva norma, la necesidad de su aprobación, los objetivos perseguidos y las posibles alternativas regulatorias. Las aportaciones recibidas servirán de base para la elaboración del futuro anteproyecto de ley.
La transposición de la Directiva TARU constituye una de las reformas más relevantes para el sector del agua en los próximos años, debido a su impacto sobre las administraciones públicas, los operadores del ciclo urbano del agua, la industria y otros agentes vinculados a la gestión y tratamiento de las aguas residuales.
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