AQUA ESPAÑA pide al Gobierno que considere el impacto en las empresas de la transposición de la nueva Directiva de calidad de las aguas
La proliferación legislativa continua y un ejemplo adicional es la transposición de la nueva Directiva de calidad de las aguas que modifica la Directiva Marco del Agua, la Directiva de protección de las aguas subterráneas y la anterior Directiva de calidad de las aguas.
Ante la llamada inicial de alegaciones que ha realizado el gobierno español en el asunto, AQUA ESPAÑA pone de manifiesto la importancia de que Gobierno considere el impacto en las empresas de la transposición de la nueva Directiva de calidad de las aguas.
Así se ha transmitido oficialmente desde la CEOE, de la que AQUA ESPAÑA es miembro de pleno derecho, al Gobierno la importancia de considerar la viabilidad analítica y seguridad jurídica de la evaluación: muchas de las nuevas normas de calidad ambiental fijan valores tan bajos que las metodologías de análisis disponibles no permiten alcanzar los límites de cuantificación necesarios, lo que compromete la fiabilidad del diagnóstico del estado de las masas de agua y la seguridad jurídica de las decisiones que de él se derivan. A ello se añaden el impacto en las autorizaciones de vertido y en las exigencias de tratamiento, los costes y la proporcionalidad del esfuerzo de control, y la necesaria coherencia con la planificación hidrológica y con la reciente Directiva de aguas residuales urbanas (TARU).
La norma debe actualizar el marco español de seguimiento y evaluación del estado de las aguas para incorporar la revisión europea de las listas de sustancias prioritarias y de las normas de calidad ambiental, unificar en un único instrumento el seguimiento de aguas superficiales y subterráneas —hoy disperso entre el RD 817/2015 y el RD 1514/2009— y dar respuesta a la presencia creciente de contaminantes emergentes.
Desde el sector empresarial valoramos positivamente esa unificación y la actualización científica, pero se advierte de que el principal problema práctico no es de diseño normativo sino de capacidad analítica real: la utilidad de unas Normas de Calidad Ambiental (NCA) más exigentes depende de que existan métodos capaces de medirlas con fiabilidad.
La oportunidad se aprovechará solo si la norma acompaña la actualización de las NCA con un calendario y unos medios realistas de implantación analítica.
Los responsables políticos y funcionarios de la Administración Pública no pueden olvidar nunca que el éxito de cualquier ley está estrictamente relacionado con su efectiva implementación. Y en este asunto es imprescindible que las empresas afectadas puedan cumplir de manera viable con lo que se exige. Cuando esto no ocurre la experiencia muestra que sólo hay incertidumbre, freno de inversiones y nuevos gastos administrativos para rehacer legislaciones inadecuadas.
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